Hace unos días me enteré por la prensa de que el Gobierno valenciano prepara una Ley de Integración del Inmigrante que contempla, al menos en su borrador, un "contrato de integración" por el cual los inmigrantes de países no miembros de la Unión Europea se comprometen a "cumplir las leyes y a respetar los valores, principios y costumbres españolas y valencianas". La otra parte del contrato es, al parecer, el Gobierno de Francisco Camps, que asume un compromiso para facilitar a los extranjeros su plena integración en la sociedad y el respeto a sus costumbres y cultura, en el marco establecido por la ley.Esta estrambótica idea, más propia de los tiempos de la Inquisición (según palabras de Isaura Navarro), que fue una de las promesas estrella de Mariano Rajoy durante la pasada campaña electoral, tiene un precedente en Francia, donde el entonces ministro de Interior y hoy presidente, Nicolas Sarkozy, propuso en 2004 exigir a todo inmigrante de un compromiso para respetar "los valores de la República Francesa, aprender la lengua y las leyes, así como aceptar la igualdad entre hombre y mujer".En mi opinión, esta propuesta choca frontalmente con la idea del Estado de Derecho tal y como se ha configurado en el último siglo. El cumplimiento de la ley no puede ser nunca objeto de negociación, pues la ley y la Constitución son iguales para todas las personas y todas las instituciones. El propio Conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, incurre en una contradicción pues por un lado asegura que los inmigrantes que no suscriban el denominado contrato de inmigración "van a tener dificultades" para integrarse en la sociedad valenciana, y por otro afirma que la Generalitat no va a adoptar "ningún tipo de medida" contra ellos porque "los Derechos Humanos son irrenunciables". ¿Entonces para que sirve el contrato?Las reacciones no se han hecho esperar y la diputada de los socialistas valencianos en las Cortes de la Generalitat, Nuria Espí, ha afirmado que la propuesta del Gobierno valenciano supone una "discriminación negativa" hacia este colectivo.Con ocasión de una concentración el pasado 1 de Mayo, el secretario general de UGT, Rafael Recuenco, calificó de "auténtica barbaridad" la propuesta del contrato de inmigrantes y ha instado al Consell a "preocuparse más de sancionar y aplicar la ley a los empresarios desalmados que explotan y a las mafias que utilizan la inmigración" en lugar de hacerles firmar un contrato a los inmigrantes.Incluso Esperanza Aguirre se ha desmarcado de la propuesta, afirmando que "el compromiso que tienen que asumir los que vienen de fuera es el mismo que los de aquí; cumplir las leyes".Más me ha sorprendido la rapidez con la que la Conferencia Episcopal ha criticado esta iniciativa. El responsable de Migraciones de la Conferencia Episcopal y obispo de la diócesis Sigüenza-Guadalajara, José Sánchez, se refirió al contrato que pretende hacer firmar la Generalitat valenciana a los inmigrantes asegurando que éste no va dirigido "principalmente en el bien del inmigrante sino en la garantía de nuestros derechos e intereses". Reconociendo no conocer íntegramente el texto, afirmó que "tiene una filosofía" con la que no está de acuerdo. En este sentido, defendió "otros principios más humanitarios, solidarios y para nosotros, más cristianos". Las leyes de extranjería e inmigración están fundamentadas todas ellas sobre la defensa de los intereses nacionales y la regulación de la economía y del mercado, unos principios que, en su opinión, "no son los deseables", porque no considera a los inmigrantes en cuanto a sus derechos fundamentales sino como un motor de la economía. Ayer nos enteramos de que este contrato, sin embargo, deja fueran los europeos residentes, 272.000 sólo en la provincia de Alicante, que según varios estudios realizados son los que menos relación mantienen con la población de acogida, y por consiguiente, los que menos se integran. Británicos, alemanes o franceses disponen de sus propios clubs privados, supermercados en los que encuentran su comida, medios de comunicación en su lengua e incluso empresas especializadas para el hogar.El 25% de los europeos admite que no necesita saber español para vivir en Alicante, y el 75%, según una encuesta de la Universidad de Alicante, reconoce que uno de los motivos por los que pretende seguir viviendo en la Costa Blanca es porque no hace falta saber español. La mayoría admite que no tiene amigos locales y se mueve en sus círculos de amistades cerrados donde encuentran ayuda y colaboración. Para este colectivo, el Consell no piensa poner en marcha ningún tipo de medida que fomente su integración.
